El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la reanudación del programa de parole humanitario, que permite a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití ingresar y residir en el país. Sin embargo, esta vez se han implementado medidas adicionales para los patrocinadores, quienes son responsables de garantizar el apoyo económico de los inmigrantes.

Estas nuevas medidas incluyen la toma de huellas dactilares y una revisión más estricta de los antecedentes penales de los patrocinadores. La decisión de reforzar estos controles se debe a la detección de irregularidades en el programa, donde se descubrió que un grupo reducido de patrocinadores estaba apoyando a una cantidad desproporcionada de inmigrantes, lo que levantó sospechas de posible fraude. En algunos casos, miles de solicitudes fueron presentadas desde la misma dirección o utilizando las mismas direcciones IP y números de la Seguridad Social, lo que llevó a una pausa temporal del programa para realizar una investigación a fondo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explicó que estas nuevas exigencias buscan garantizar la integridad del programa y evitar que los patrocinadores presenten solicitudes «en serie» sin contar con los recursos necesarios para apoyar a los inmigrantes. También se tomará acción legal contra aquellos que cometan fraude o abusen del sistema.

Durante el período en que el programa estuvo suspendido, se revisaron más de 70,000 solicitudes sospechosas, y aunque aún quedan pendientes algunas revisiones, el DHS decidió reanudar el programa debido a la importancia de disuadir la inmigración ilegal desde estos países.

Desde su implementación, más de 2.6 millones de personas han solicitado ingresar a Estados Unidos a través del programa de parole humanitario, y más de 530,000 han sido autorizadas para viajar. Sin embargo, los nuevos controles buscan asegurar que quienes participen en el programa lo hagan de manera legítima y cumpliendo con todos los requisitos legales y éticos.

El gobierno de Estados Unidos reafirma su compromiso de apoyar a aquellos que buscan ingresar al país de manera legal, mientras se asegura de que los programas migratorios sean utilizados de forma correcta y justa.